Llevar a cabo una mesa interinstitucional donde se tenga en cuenta la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y entidades del orden nacional para evitar que se detengan los procesos de desminados en los municipios afectados fueron los temas del encuentro liderado por el secretario de Gobierno del Meta, Carlos Osorio.

En la reunión estuvo Juliana de la Vega, Gestora Territorial para la Acción Integral contra las minas antipersonal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, junto con la jefe de operaciones, Lina Delgado. También se contó con el acompañamiento de Jorge Barreto, oficial de enlace comunitario de la Organización Civil The Halo Trust, uno de los mayores interventores en el departamento.

Según el informe dado a conocer por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Meta cuenta con 17 municipios sin reporte de afectación, diez municipios libres de sospechas y dos municipios actualmente no priorizados.

“Seguiremos trabajando para que los dos municipios no priorizados, que son La Macarena y Uribe, vuelvan a ser intervenidos ya que por temas de seguridad no se pudo seguir operando”, aseguró Osorio.

Gobernación del Meta